El secretario de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, planteó el 14 de octubre de 2026 ante el Congreso local reformar la Constitución del estado para que el dictamen de compatibilidad de cargos sea obligatorio y se frene el dobleteo de plazas, un esquema que su dependencia detectó en alrededor de mil servidores públicos, según Quadratín Hidalgo.
De ese universo, unos 900 trabajadores dejaron uno de los dos cargos por renuncia o solicitud de licencia, y 112 investigaciones siguen abiertas, de acuerdo con El Universal Hidalgo. La Contraloría reportó además 13 casos de percepciones superiores al salario del gobernador. En su comparecencia, Bardales describió una "ruta legal" para atender los casos de "posible incompatibilidad por doble plaza", según El Sol de Hidalgo.
El artículo 128, fracción V, de la Constitución de Hidalgo impide a un integrante del ayuntamiento desempeñar otro cargo público, pero exime de esa regla al personal docente. Esa excepción permite que maestras y maestros cobren también como regidores o síndicos. El dictamen de compatibilidad es el documento que la Contraloría emite cuando verifica que dos empleos pueden ejercerse sin conflicto de horarios ni de funciones. La mayoría de los expedientes abiertos se concentra en educación y salud. El asunto llegó al Congreso local, donde se analiza una reforma para evitar estas prácticas, de acuerdo con Subrayado, y legisladores plantearon que los artículos 128 y 156 deben modificarse antes del próximo proceso electoral, según News Hidalgo.
Ocho de los casos abiertos son docentes que también cobran como regidores. Impugnaron los dictámenes negativos con amparos y juicios de nulidad, y algunos obtuvieron suspensiones provisionales, por lo que la Contraloría quedó impedida de continuar las investigaciones. Claudia Guadalupe López Torres, de la Secretaría de Contraloría, señaló que los ocho "argumentaron una presunta vulneración de sus derechos". Los dictámenes negativos se emitieron tras visitas a los centros de trabajo, donde se concluyó que los docentes "no cumplían las condiciones de horarios y distancias para obtener un dictamen favorable". Bardales sostuvo que las dependencias que los contrataron y no los separan tienen responsabilidad directa.
Las bajas no dependen de la Contraloría: la dependencia estatal "no tiene facultades para intervenir directamente en los municipios", y son los ayuntamientos y las dependencias que autorizaron los pagos quienes deben ejecutarlas. La reforma debe dictaminarse primero en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y luego pasar al pleno; mientras eso ocurre, los ocho expedientes siguen en tribunales.
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